jueves, 23 de febrero de 2017

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad parcial de la plusvalía municipal de Guipúzcoa


El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 16 de febrero de 2017, resuelve la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia/San Sebastián, en relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del Territorio Histórico de Guipúzcoa. En ese sentido, debe ponerse de manifiesto que el contenido de los preceptos relacionados coincide con el tenor literal de los artículos 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y que regulan la configuración del IIVTNU exigible en territorio común. Por ello, el mencionado Juzgado plantea una cuestión de constitucionalidad en relación con la normativa foral y la normativa estatal anteriormente referenciadas, por posible infracción del principio de capacidad económica y de la prohibición de no confiscatoriedad (artículo 31.1 de la Constitución Española) y del derecho de defensa (artículo 24 de la Constitución).

No obstante y en primer lugar, el Tribunal Constitucional considera que la normativa estatal no puede ser objeto de análisis, pues esa normativa no es aplicable al supuesto de hecho enjuiciado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia. Por ello, la sentencia se limita a analizar la constitucionalidad de la normativa foral de Guipúzcoa. Sin embargo, debe ponerse de manifiesto que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid, mediante Auto de 15 de diciembre de 2015 (rec. 112/2014), ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la configuración del IIVTNU estatal, cuestión que actualmente se halla pendiente de resolución.

Antes de entrar a analizar la sentencia que nos ocupa, vamos a realizar una breve descripción del IIVTNU. El citado impuesto, como su propio nombre indica, grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza que se pone de manifiesto como consecuencia de la realización de determinados negocios jurídicos (la transmisión del terreno, la constitución de determinados derechos reales, etc.). El problema reside en hecho que el legislador ha configurado un método objetivo de determinación del incremento, consistente en la aplicación de un tipo de gravamen a la base imponible (a grandes rasgos, está formada por el valor catastral al que se aplican unos coeficientes en función de los años de generación de la plusvalía).

Por lo tanto, debido a esa configuración, se presume que cualquier transmisión (u otro negocio jurídico) siempre original una plusvalía. No obstante, desde el estallido de la crisis, es habitual que esas transmisiones pongan de manifiesto minusvalías (pérdidas) y no plusvalías (ganancias). Por ello, la sentencia que nos ocupa se centra en analizar la constitucionalidad de la normativa foral respecto de la exigencia del lIVTNU en supuestos de minusvalías.

Entrando a analizar la fundamentación de la Sentencia del Tribunal Constitucional, el citado Tribunal considera que no puede existir ninguna vulneración del artículo 24 de la Constitución, “dado que la imposibilidad de probar la inexistencia de un incremento de valor, en algunos supuestos, es algo consustancial, inherente, a la propia naturaleza de la ficción jurídica que la norma contempla, la vulneración denunciada, de existir, lo sería exclusivamente desde el punto de vista del deber de contribuir (artículo.  31.1 CE), al someter a tribulación inexistentes manifestaciones de riqueza en contra de la exigencia constitucional de contribuir al sometimiento de los gastos públicos “de acuerdo con su capacidad económica”, que no desde la óptica del derecho a la prueba como un medio instrumental para la defensa de las pretensiones articuladas en un proceso judicial”.

En relación con el principio de capacidad económica, el Tribunal Constitucional argumenta que “no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE)”. A lo que añade que el legislador establece la ficción de la existencia de un incremento de valor susceptible de gravamen en el momento de la transmisión de un terreno por el mero hecho de haberlo mantenido en el patrimonio durante un tiempo determinado, por lo que, cuando no tiene lugar ese incremento o incluso se manifiesta un decremento, ”lejos de someter a gravamen una capacidad económica, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE”.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional concluye que “el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice formalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incremento de valor”.

Finalmente, solo cabe destacar que la sentencia considera que la posibilidad de actualización a la baja de los valores catastrales no evita esa declaración de inconstitucionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que no existen esos mecanismos en la normativa foral examinada. Asimismo, a juicio del Tribunal, no puede realizarse una interpretación salvadora de la norma cuestionada, pues esa normativa no admite la posible existencia de un decremento de valor.

En todo caso, habrá que esperar la Sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la configuración estatal del IIVTNU, si bien es bastante previsible que se pronuncie en términos similares a los de la sentencia que nos ocupa.


Neus Teixidor Martínez

Abogada


 

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