miércoles, 12 de abril de 2017

Primeras reformas normativas como consecuencia de las sentencias de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal





Las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 y de 1 de marzo de 2017 han declarado la inconstitucionalidad de la normativa del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como “Plusvalía Municipal”) de los Territorios Históricos de Guipúzcoa y de Álava, respectivamente. No obstante, no se trata de una inconstitucionalidad de los preceptos enjuiciados, sino únicamente en la medida que situaciones en las que no existe un incremento de valor alguno se someten a tributación del IIVTNU.

Asimismo, a fecha de hoy, siguen pendientes de resolución diversas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto de la normativa estatal (esto es, los artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Concretamente, fueron planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera.

En este sentido, los expertos opinan que la futura sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la normativa estatal seguirá la argumentación mantenida en las sentencias relativas a los regímenes forales, pues el régimen del IIVTNU en todos estos supuestos es muy parecido.

Por ello, parece interesante analizar las reformas operadas en la Normativa Foral de Guipúzcoa y en la Normativa Foral de Álava como consecuencia de las sentencias anteriormente referenciadas. Concretamente, nos referimos al Decreto Foral-Norma del Consejo de Gobierno Foral de Guipúzcoa 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y al Decreto Normativo de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de Álava, de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Cabe destacar que las previsiones de ambas normativas son muy parecidas, si bien existen pequeñas diferencias.

En ambos casos se prevé el establecimiento de un sistema objetivo que permita determinar la existencia o no de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Concretamente, este método consiste en tomar en consideración la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del terreno, teniendo en cuenta los valores a efectos de otros impuestos que graven esa misma transmisión o, en su caso, la constitución de un derecho real de goce limitativo de dominio. No obstante, los citados valores no pueden ser objeto de actualización por el tiempo transcurrido ni pueden verse aumentados por los gastos, mejoras u otros conceptos. Además, en el caso de la normativa de Álava, se prevé que, si esos valores no pueden determinarse, puedan utilizarse los valores reales de los terrenos.

Por otro lado, cuando los  valores tomados en consideración no diferencian el valor de la construcción del valor del suelo (recordemos que el IIVTNU únicamente grava el valor de los terrenos), debe tomarse en consideración la proporción existente respecto del valor catastral vigente en el momento del devengo.

En todo caso, aunque se determine que no existe un incremento de valor, este hecho no exime a los sujetos pasivos de la presentación de la declaración correspondiente.

Por el contrario, en el supuesto en el que se acredite la existencia de un incremento de valor, la base imponible, la cuota tributaria y el resto de elementos configuradores del IIVTNU se determinarán siguiendo el método objetivo de cálculo vigente (a grandes rasgos, tomando en consideración el valor catastral y el número de años de titularidad).

Finalmente, ambas normativas contienen un régimen transitorio. Así, respecto de las liquidaciones firmes con anterioridad a la publicación de las sentencias, no se va a realizar rectificación, restitución o devolución. En segundo lugar, las liquidaciones dictadas con posterioridad a esa publicación, aunque se refieran a liquidaciones devengadas con anterioridad, deben elaborarse siguiendo las previsiones de la nueva normativa. Finalmente, existen ciertas diferencias en relación con las liquidaciones anteriores a la publicación y que se hallan recurridas. La normativa de Guipúzcoa prevé que se resuelvan según la nueva normativa los recursos de reposición pendientes y que, en el caso de las reclamaciones económico-administrativas, se remitan los expedientes a los Ayuntamientos para la práctica de una nueva liquidación. En cambio, en la norma de Álava, no se diferencia el tipo de recurso interpuesto, simplemente se considera que las liquidaciones recurridas en vía administrativa deberán remitirse al órgano liquidador para que elabore una nueva liquidación teniendo en cuenta la modificación normativa.

Habrá que estar pendientes de la futura sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la normativa estatal, así como de la eventual reforma legislativa que pueda comportar la misma.
 


Neus Teixidor Martínez
Abogada