martes, 1 de agosto de 2017

Actuaciones de dotación y de urbanización: la anulación del APR Mahou-Vicente Calderón



La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (RC. 2168/2016), Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, confirma la anulación del APR Mahou-Vicente Calderón como consecuencia de la omisión de reserva de vivienda protegida, al deber configurarse como actuación de urbanización y no como actuación de dotación, tal y como pretendían los recurrentes.

Al aplicarse el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 y no la legislación anterior, ya no debe observarse la Jurisprudencia confeccionada sobre la base de la normativa derogada. Precisamente también por referencia a la legislación vigente, el Tribunal Supremo ignora las diferentes clasificaciones urbanísticas (sean de suelo urbano consolidado o no consolidado), toda vez que el Texto Refundido estatal no las contempla. La sentencia, aparte de resolver la cuestión controvertida, tiene un cierto ánimo categórico sobre la nueva normativa, aun sin mucha claridad expositiva.

Dice así su FJ 8º:

La  ratio decidendi de la sentencia de instancia, para proceder a la estimación el recurso, por no haberse llevado a cabo la reserva de vivienda protegida contemplada en el artículo 10.1.b) del TRLS08, no es otra que la relativa a la clase de "Actuación de transformación urbanística" (artículo 14) que se va a desarrollar, a través del PPRI impugnado en el Área de Planeamiento Remitido (APR) 02.01 "Mahou- Vicente Calderón"; considera la sentencia que tal actuación se incluye en la clase de las denominadas "Actuaciones de Urbanización", y, por ello (  ex artículo 10.b, párrafo 2º in fine ), la sentencia le impone la obligación de la reserva de suelo con destino a viviendas con protección. Para llegar a tal conclusión ---y negar, como pretenden los recurrentes que se está ante una "Actuación de Dotación" (artículo 10.1.b)--- la sentencia, en su Fundamento Jurídico Séptimo, con independencia de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 14, lleva a cabo una doble motivación o consideración:

En síntesis, la Consideración a) parte de la naturaleza de los terrenos a desarrollar en un nuevo ámbito urbanístico, entendiendo que se está en presencia de SUC (204.218 m2), de los que 92.297 m2 corresponden a titularidad privada (integrado por un suelo industrial con instalaciones demolidas y por el estadio Vicente Calderón), y 111.921 m2 son de titularidad pública y carácter dotacional. Analiza los destinos previstos para las distintas zonas, así como la incorporación de las redes públicas afectadas (M-30 en la parte no soterrada) y dos colegios públicos. En síntesis, pues, en esta primera motivación se concluye señalando que las dotaciones previstas "son el resultado de la adición de las que eran de titularidad pública más la de resultado de las obligaciones de cesiones de los titulares promotores", añadiendo que "[n]o hay un reajuste de dotaciones sino aplicación legal de las determinaciones propias de la nueva ordenación".

La segunda motivación (Consideración b) de la sentencia, esgrimida con la finalidad de considerar la actuación de transformación urbanística a desarrollar en el PPRI como Actuación de Urbanización, y no como Actuación de Dotación (que excluiría la reserva de suelo para viviendas públicas), es que "la Modificación requiere la reforma o renovación íntegra de la urbanización de éste" (ámbito), poniendo de manifiesto que "de hecho el ámbito se crea  ex novo con la finalidad fijada en la Memoria. En realidad la actuación tiene por objeto reformar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado reconvirtiendo los usos".

Esto es, la sentencia ha llegado a la conclusión de que lo que se va a realizar es una  reforma o renovación de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado (artículo 14.1.a.2 TRLS08), y, por el contrario, que tal actuación (que la sentencia describe) no tenía ---solo--- por objeto  incrementar las dotaciones públicas en un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos , actuación  que, por otra parte, no hubiera requerido la reforma o renovación de la urbanización (artículo 14.1.b TRLS08).

Las partes, sin embargo, no han desvirtuado la conclusión alcanzada por la sentencia en el sentido de que la actuación ---de urbanización y no de dotación--- implicaba una reforma o renovación de la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, por cuanto, en síntesis, se han limitado a intentar contrastar nuestra clásica jurisprudencia ---producida al calor de la LRSV--- con los nuevos conceptos contemplado en el TRLS08 (y hoy en el TRLS15).

Los antiguos ---y autonómicos--- conceptos de SUC y SUNC no cuentan ya con el papel de elementos determinantes de las nuevas exigencias derivadas de una actuación de transformación urbanística, ya que estas miran al futuro, juegan a transformar la ciudad con mayor o menor intensidad ---quizá sin romperla como ciudad compacta---, y se presentan como mecanismos de transformación urbana, sin anclajes ni condicionamientos derivados de la clase de suelo de que se trate. Esto es, el nivel de la actuación ---y sus correspondientes consecuencias--- no viene determinada por el nivel o grado de pormenorización del suelo a transformar, sino por el grado o nivel de la transformación que se realice sobre un determinado suelo, y que, en función de su intensidad, podrá consistir en una reforma o renovación de la urbanización, o, simplemente, en una mejora de la misma mediante el incremento de las dotaciones, en un marco de proporcionalidad, y sin llegar a la reforma o renovación; la reforma o renovación (Actuación de urbanización) es "hacer ciudad" --- cuenta con un plus cualitativo---, y el incremento de dotaciones (Actuación de dotación) es "mejorar ciudad", con un componente más bien cuantitativo. La primera se mueve en un ámbito de creatividad urbanística en el marco de la discrecionalidad pudiendo llegar a una "ciudad diferente", mientras que la actuación de dotación consigue una "ciudad mejor" que no pierde su idiosincrasia.

Por último, si bien se observa, el TRLS08 no identifica o anuda la clase de actuación urbanística con la tradicional pormenorización del suelo como SUC o como SUNC, pues, contempla la posibilidad de tales transformaciones sobre suelo urbanizable (Actuaciones de nueva urbanización, 14.1.a.1), sobre suelo urbano consolidado (Actuaciones de reforma de urbanización, 14.1.a.2), y, posiblemente, sobre suelo urbano no consolidado (Actuaciones de dotación) aunque este supuesto es difícil de caracterizar.

 Insistimos, pues, en que las recurrentes no han desvirtuado la valoración y conclusión -ampliamente motivada de la sentencia de instancia-, sin que, por otra parte, la jurisprudencia de esta Sala que se pretende contraponer, se ajuste -hoy- a los nuevos parámetros o conceptos que hemos examinado, estando construida, más bien, sobre otros conceptos que hoy carecen de relevancia.



 
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
 
 
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viernes, 28 de julio de 2017

Las primeras consecuencias de la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal




 
Las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, de 1 de marzo de 2017, de 27 de abril de 2017 y de 11 de mayo de 2017 (que ya han sido objeto de análisis en publicaciones anteriores) han analizado la configuración actual del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal.
 
Concretamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 ha determinado que los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), que regulan la configuración del IIVTNU en el régimen común, deben considerarse inconstitucionales en la medida en la que se permite la tributación de situaciones en las que no existe manifestación de capacidad económica (es decir, situaciones en las que una transmisión no ha puesto de manifiesto un incremento de valor de los terrenos o, incluso, se han generado pérdidas).
 
Por ello, no es de extrañar que las Entidades Locales vengan solicitando una reforma urgente de la configuración de los mencionados preceptos. No obstante, lo cierto es que, por el momento, no se ha anunciado ninguna reforma. Ante esa situación, están apareciendo diversas sentencias que se ocupan de la problemática derivada de la exigencia del IIVTNU en supuestos en los que no existe un incremento de valor efectivo.
 
En este sentido, con anterioridad a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 anteriormente mencionada, pero en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Burgos núm. 129/2017, de 29 de marzo (rec. 188/2016) anula una liquidación del IIVTNU, en base a la futura y eminente declaración de inconstitucionalidad de la normativa estatal del IIVTNU (esta declaración finalmente se materializó con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017). Ese Juzgado considera que, en el supuesto concreto, el obligado tributario ha acreditado la existencia de una pérdida de valor puesta de manifiesto como consecuencia de una transmisión, pues el valor de adquisición es superior al valor de transmisión.
 
Sin embargo, más recientemente, han aparecido diversas sentencias en las que los órganos judiciales van más allá y consideran que, como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, ya no son los obligados tributarios los que deben probar la existencia de un decremento de valor, sino que los Ayuntamientos deben demostrar la existencia del incremento que pretenden gravar.
 
La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cartagena núm. 95/2017, de 30 de mayo (rec. 220/2016) sostiene que, ante las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas por el Tribunal Constitucional y mientras no se apruebe una reforma normativa, no puede aplicarse ningún tipo de presunción sobre la existencia de un incremento de valor, cuando el mismo es discutido por el contribuyente. A lo que añade que “(e)n  esta tesitura, en relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, u en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que si existe ese incremento”. Por ello, el Juzgado considera que como el Ayuntamiento no ha presentado prueba alguna que demuestre la existencia de un incremento de valor debe estimarse el recurso. En la misma línea, se pronuncia la Sentencia del mismo Juzgado de 1 de junio de 2017 (rec. 376/2016).  
 
Por otro lado, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Ciudad Real núm. 158/2017, de 23 de junio (rec. 63/2017) determina que, aunque el juzgado no puede alterar la fórmula de cálculo del IIVTNU, el incremento que grava este impuesto es presunto y, por ende, puede probarse su inexistencia. Asimismo, añade que, dado que el obligado tributario debe probar un hecho negativo, son suficientes “meros indicios objetivos y racionales para que sea la administración a la que corresponda acreditar conforme a las normas y criterios antes transcritos los presupuestos que lleven a la determinación del hecho imponible y de los cálculos”. En consecuencia, en el caso enjuiciado, el juzgado determina que “(a)tendiendo a las alegaciones de ambas partes, así como a la existencia acreditada de indicios serios e importantes de decremento patrimonial derivado de las escrituras aportadas a los autos (doc. 3 la de compra y doc. 6 la de venta), junto con las tasaciones que las mimas incorporan, cabe considerar que se acredita la inexistencia de ese incremento de valor y por ello la inexistencia de norma de cobertura respecto de la liquidación girada, procediendo la devolución de ingresos al considerarlos indebidos”.
 
Por último, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de León núm. 118/2017, de 20 de junio (rec. 337/2015) argumenta que “(e)n el caso enjuiciado, el ayuntamiento se remite a la evolución de los valores catastrales, de la cual se deduce la existencia un aumento de valor. Sin embargo, tales valores ya no pueden considerarse como medio hábil para fundamentar la existencia del incremento de valor, pues el precepto que así lo establecía (art. 107.2.a) TRLHL: “el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”) ha sido expulsado del ordenamiento jurídico y no existe ningún otro método alternativo que cuente con respaldo legal, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional insta expresamente al legislador para que lo establezca en ejercicio de sus competencias”. Además, pone de manifiesto que la parte recurrente ha presentado pruebas de cargo, consistentes en un informe de una sociedad de tasación, de las que no es posible determinar que existió un incremento de valor. Por ello, el Juzgado concluye que “(p)rocede, por tanto, aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional, la estimación del recurso, que ha de extenderse igualmente a las resoluciones sancionadoras, puesto que la nulidad de los preceptos legales citados se produce ex origine y el importe de la multa se calcula asimismo sobre la base de una cuota inexistente”.
 

Neus Teixidor Martínez

Abogada



viernes, 21 de julio de 2017

El Tribunal Supremo considera que la exigencia de la plusvalía municipal debe realizarse conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional




La reciente Sentencia delTribunal Supremo de 27 de junio de 2017 (rec. 3216/2015) resuelve el recurso de casación por interés de ley interpuesto por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia (Valencia) en relación con el Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, conocido también como Plusvalía Municipal).

En este caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, objeto del recurso de casación que nos ocupa, considera que, en virtud del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), la base imponible del IIVTNU viene constituida por el incremento de valor de los terrenos, por lo que para que este impuesto sea exigible es necesario que se haya producido el hecho imponible regulado en el artículo 104 del TRLHL. En palabras del propio Tribunal, “No se trata de que la base imponible sea el incremento de valor sino de que para que exista base imponible [art. 107] es necesario que haya hecho imponible [art. 104] y éste se determina por la existencia o no del incremento de valor, de manera que [...] si no existe incremento de valor no hay hecho imponible, siendo irrelevante entonces hablar de base imponible al carecer del presupuesto anterior como es el hecho imponible”.


Ante esa interpretación, el Letrado del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia interpone recurso de casación por interés de ley contra la meritada sentencia. En el mismo, solicita que se establezca como doctrina legal que “El incremento del valor de los terrenos a efectos de la liquidación del IIVTNU [Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana] es una presunción iuris et de iure, y se calcula en todo caso conforme a las determinaciones contenidas en el art. 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sin que la ganancia o pérdida patrimonial real pueda influir en la determinación de la base imponible, o en la existencia o no de Hecho Imponible”.


Sin embargo, como el objeto del recurso de casación es el mismo de que el de la cuestión de de inconstitucionalidad 1012/2015 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián, el Tribunal Supremo acuerda suspender la tramitación del procedimiento en curso hasta la resolución de esa cuestión de inconstitucionalidad.


Una vez dictada la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad anteriormente mencionada, se reanuda la tramitación del recurso de casación que nos ocupa. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017 objeto del presente análisis considera que, aunque existe una indudable trascendencia para el interés público y para los intereses particulares de los propietarios en la controversia planteada, no puede acogerse la doctrina legal propuesta por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia.


En primer lugar, el Tribunal Supremo considera que la doctrina legal que se propone en un recurso de casación por interés de ley no puede consistir únicamente en la reproducción de preceptos legales, sino que la misma ha de ser expuesta específicamente. Y ese no es el supuesto del recurso de casación por interés de ley presentado.


Por otro lado, el Tribunal Supremo incide en el hecho de que recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto cuatro cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el objeto del recurso planteado. Se trata de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, de 1 de marzo de 2017, de 27 de abril de 2017 y de 11 de mayo de 2017 (que ya han sido objeto de análisis en publicaciones anteriores). La Sala incide en el hecho de que esta última sentencia, que, a diferencia de las anteriores, resuelve una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la normativa estatal del IIVTNU, declara que “[...] en consecuencia que los artículos 107.1, 107.2ªa todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.


Por ello, el Tribunal Supremo considera que las sentencias referenciadas fijan una doctrina constitucional, desde la perspectiva del principio de capacidad económica, que es muy diferente a la propuesta por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia. Por lo tanto, la interpretación dada por el Tribunal Constitucional es la que debe prevalecer. En consecuencia, declara no haber lugar al recurso de casación en interés de ley planteado.


 
Neus Teixidor Martínez
Abogada


 

martes, 4 de julio de 2017

De nuevo sobre la motivación de los planes urbanísticos: nulidad del Plan Especial de Valdebebas



En los tiempos de la burbuja, Valdebebas (ámbito urbanístico cercano al aeropuerto de Barajas en la ciudad de Madrid) presumía de que iba a albergar el centro comercial más grande. Su excesivo tamaño (resultante de unir y reubicar dos superficies que figuraban previamente en el Plan de Sectorización), su mala ubicación (al fondo del ámbito) , la restricción de accesos al aeropuerto y la crisis inmobiliaria llevaron a los promotores a sustituir ese gran centro comercial por 1200 viviendas más, lo que fue aceptado por el Ayuntamiento mediante Plan Especial.

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017 (Rec. 1421/2016) confirma la nulidad del Plan Especial por falta de motivación.

De este modo, en su FJ 5º nos ilustra del modo siguiente:

“Sin embargo, frente a ello, las conclusiones de la sentencia de instancia han de ser mantenidas:

1. Inexistencia en la Memoria de estudio técnico y económico determinante de que los usos terciarios deben de desaparecer en los grados expresados en el Plan Especial.

2. Ausencia de razones fácticas que apunten a la necesidad de aumentar la densidad de la vivienda, ya que, según la sentencia, lo único que se vislumbra es una colmatación de viviendas en el ámbito con ocupación de la zona que se destinaba al uso suprimido. Y,

3. Inexistencia de justificación alguna de la necesidad de tal aumento de viviendas junto a la infraestructura aeroportuaria, en una zona del ámbito que el planificador ordenó vincular, en se dice en la ficha del APE, "de forma importante a las ampliaciones del sistema aeroportuario y de las infraestructuras generales de equipamiento incluidas en el ámbito y su entorno", sin que se haya realizado ---según concluye la indica la sentencia--- en la Memoria un estudio razonado de su coherencia. Esto es, la Sala reclama una específica motivación del aumento habitacional expresado en un entorno ---vinculado a la infraestructura aeroportuaria de Barajas--- que, en principio, podría resultar hostil, urbanísticamente hablando, a tal incremento”.

Nótese cómo en esta materia la Jurisprudencia, a través de la exigencia de motivación y más allá de lo que sucede en otros sectores, en los que la motivación se cubre con razonamientos, aunque no sean los más acertados, se entra a determinar la conveniencia de determinadas actuaciones.

Así, la sentencia prosigue que “No se debe olvidar que nos encontramos ante un Plan Especial --- y no ante un Plan Parcial---, sometido a la legislación madrileña, cuyas funciones se desgranan en el artículo 50.1 de la LSM, apareciendo las mismas como difíciles parámetros de encaje de las finalidades que se dicen pretendidas en el Plan, que, no se olvide, en el fondo, no es otra cosa que un cambio de usos. Obvio es que, como hemos expuesto, en la Memoria se dan las razones formales de las que parte el cambio, pero tiene razón la Sala de instancia cuando señala, con insistencia, que se sigue sin conocer las causas y circunstancias por las que el resultado del proceso de cambio ---con el aumento del número de viviendas expresado--- tiene que ser el que se alcanza”.

Para más adelante añadir que “Insistimos, pues, con la sentencia de instancia, en que la Memoria explica el porqué ya no resulta viable el destino terciario/comercial previsto en el Plan General para las parcelas expresadas ---aunque respecto de tal cuestión notamos, igualmente, como apunta la Sala de instancia, la ausencia de dato o estudio alguno que acredite la dificultad de la conectividad vial de la zona o su futura evolución comercial---, pero desconocemos qué razones existen para reconducir la situación hacía un incremento poblacional, que, como hemos expuesto, se produce en un entorno ---vinculado a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Barajas--- y que, en consecuencia, podría ser un entorno poco proclive a tal incremento poblacional.”
 
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

jueves, 18 de mayo de 2017

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad parcial de la plusvalía municipal en el territorio común



El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 11 de mayo de 2017, resuelve la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). En el citado artículo se regula la forma de cuantificación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal.


Antes de entrar a analizar la sentencia, debe matizarse que la misma analiza la constitucionalidad del artículo 107 del TRLRHL, si bien únicamente de los apartados 1 y 2.a). Además, por conexión con el citado precepto, también extiende ese análisis al artículo 110.4 del TRLRHL.


Esta no es la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia en relación con la configuración actual del IIVTNU, si bien es la primera sentencia en la que se enjuicia la constitucionalidad de la normativa estatal del citado impuesto. En este sentido, debemos recordar que las Sentencias del Tribunal Constitucional 26/2017 de 16 de febrero y 37/2017 de 1 de marzo, declararon la inconstitucionalidad de la configuración del citado tributo, en la medida en que permite la tributación de situaciones inexpresivas de capacidad económica, en los territorios forales de Guipúzcoa y Álava, respectivamente.


De hecho, la Sentencia que nos ocupa hace remisión expresa a los pronunciamientos anteriormente mencionados, para concluir que el régimen estatal del impuesto acaece de los mismos defectos que los regímenes forales analizados. Así, el Tribunal Constitucional expone que “(…) aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”.


Por lo tanto, en la configuración actual del tributo, se somete a tributación un incremento de valor del terreno cuantificado de forma automática, con independencia de la cuantía real de incremento o incluso de la existencia del mismo. Así, si bien es admisible la cuantificación de una deuda tributaria mediante un sistema objetivo (es decir, sin tener en cuenta el incremento real de valor), no puede ser admisible que se grave una capacidad económica irreal o ficticia (o lo que es lo mismo la inexistencia de ese incremento).


Por ello, el Tribunal Constitucional concluye que “(…) los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE”. En consecuencia, considera que los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales en la medida en que no prevén la exclusión de las situaciones inexpresivas de capacidad económica.


Añade la sentencia que la posibilidad potestativa de los Ayuntamientos de adoptar una reducción de los valores catastrales (de hasta el 60% durante los cinco años siguientes a la revisión de esos valores) o la eventual actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales no salva la inconstitucionalidad del tributo. A su juicio, estas medidas únicamente podría aminorar la cuantía a tributar, pero no evitarían la vulneración del principio de capacidad económica.


En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del TRLRHL en la medida en la que permiten la tributación de situaciones en las que no existe manifestación de capacidad económica (es decir, situaciones en las que una transmisión no ha puesto de manifiesto un incremento de valor de los terrenos o, incluso, se han generado pérdidas). Por ello, contiene un mandato al legislador quién, en virtud de su libertad de configuración normativa, debe modificar o adaptar el régimen legal del impuesto para que no se sometan a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor. Así, pues, deberemos estar pendientes de las medidas que el legislador decida adoptar en este sentido.


Neus Teixidor Martínez
Abogada

martes, 16 de mayo de 2017

El suelo urbano no consolidado ante el Texto Refundido de la Ley de Suelo


 
En el Texto Refundido de la Ley de Suelo, hay suelo rural “necesario” o “preservado” (y dentro de él un cierto “mínimo”, que se correspondería con el tradicionalmente denominado suelo no urbanizable de protección, mientras que más allá podría admitirse una suerte de lo que tradicionalmente se ha denominado suelo no urbanizable común), y suelo “rural”  que es urbanizable pero que mantiene esa condición “rústica” hasta la ejecución de la urbanización (que incluiría las categorías tradicionales de suelo urbanizable no delimitado o delimitado, e, incluso, suelo urbano no consolidado).  

Por tanto, el suelo urbano no consolidado se valora como rural con el Texto Refundido de la Ley de Suelo, si bien deben tenerse en cuenta no solo la valoración de las rentas agrarias del art. 36 sino también las indemnizaciones previstas en los arts. 38 y 39.

Por otro lado, la disposición transitoria tercera contemplaba el mantenimiento del régimen valorativo, en ciertas circunstancias, para el suelo urbanizable delimitado o sectorizado, pero no para el urbano consolidado, lo cual no era muy lógico. Antes ello, la Jurisprudencia ha reaccionado y ha equiparado el tratamiento transitorio del urbano consolidado respecto del urbanizable delimitado.

Dice así la Sentencia de 18 de abril de 2017 (RC 3209/2015):

 

 [anterior] “…el suelo urbano no consolidado (que se asimila al suelo urbanizable delimitado) no puede valorarse automáticamente como suelo en situación de urbanizado (art. 24 .1 del Texto Refundido). Para ello es preciso que, además de estar incluido en la malla urbana, cuente con los servicios a los que se refiere su art. 12.3.b) o se encuentre en alguna de las situaciones previstas en los apartados a ) o c) del precepto. Ni contaba con esos servicios, ni se encontraba en ninguna de las otras situaciones. Ello llevaría, en principio, a valorar el suelo en situación de rústico (art. 12.2.b).
[siguiente] [Contextualizar]

[anterior] Sin embargo, la sentencia de la Sección Sexta de 22 de septiembre de 2015 (casación 2135/13 ), ha subsumido estos casos -suelo urbano no consolidado-, a efectos valorativos, en la Transitoria Tercera.2 del Texto Refundido, del siguiente tenor: <<los terrenos que, a la entrada en vigor de aquélla -Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo-, formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la Administración o a terceros>>, y ello porque, si bien se está refiriendo al suelo formalmente clasificado de urbanizable delimitado, lo cual es lógico en razón de que el suelo formalmente clasificado de urbano tiene, por lo general, todas las características del suelo en situación de urbanizado de la nueva Ley, sin embargo y excepcionalmente pueden presentarse situaciones anormales en las que, estando clasificado el suelo como urbano, no reúna aquéllas características y, en tales supuestos (como aquí acaece) <<carecería de toda lógica, y el Derecho debe rechazar la interpretación contraria a ella, que el Legislador haya querido darle un trato privilegiado al suelo urbanizable que a la entrada en vigor de la nueva normativa estuviera sectorizado o "activado", en terminología de nuestra doctrina, -en puridad de principio ese tipo de suelo a que se refiere la transitoria debería valorarse como suelo rural, en el sistema del Texto Refundido-, en tanto que le negase ese régimen transitorio al suelo ya clasificado, al mismo momento, como urbano; cuando este tipo de suelo tiene mayor contenido o consolidación de derecho a la transformación urbanísticas que aquel>>. No cabe olvidar, en este sentido, que es el propio planeamiento general el que establece las condiciones de desarrollo del suelo urbano, incluso del no consolidado, determinaciones muy diferentes y particularizadas de las que realiza para el urbanizable, respecto del que permite la opción de poder sectorizarse en ese planeamiento, por lo que sería contrario a la finalidad del régimen transitorio que ha querido establecer el Legislador, excluir de ese régimen a ese tipo de suelo”.

 

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

miércoles, 12 de abril de 2017

Primeras reformas normativas como consecuencia de las sentencias de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal





Las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 y de 1 de marzo de 2017 han declarado la inconstitucionalidad de la normativa del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como “Plusvalía Municipal”) de los Territorios Históricos de Guipúzcoa y de Álava, respectivamente. No obstante, no se trata de una inconstitucionalidad de los preceptos enjuiciados, sino únicamente en la medida que situaciones en las que no existe un incremento de valor alguno se someten a tributación del IIVTNU.

Asimismo, a fecha de hoy, siguen pendientes de resolución diversas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto de la normativa estatal (esto es, los artículos 104 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Concretamente, fueron planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera.

En este sentido, los expertos opinan que la futura sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la normativa estatal seguirá la argumentación mantenida en las sentencias relativas a los regímenes forales, pues el régimen del IIVTNU en todos estos supuestos es muy parecido.

Por ello, parece interesante analizar las reformas operadas en la Normativa Foral de Guipúzcoa y en la Normativa Foral de Álava como consecuencia de las sentencias anteriormente referenciadas. Concretamente, nos referimos al Decreto Foral-Norma del Consejo de Gobierno Foral de Guipúzcoa 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y al Decreto Normativo de Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de Álava, de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Cabe destacar que las previsiones de ambas normativas son muy parecidas, si bien existen pequeñas diferencias.

En ambos casos se prevé el establecimiento de un sistema objetivo que permita determinar la existencia o no de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Concretamente, este método consiste en tomar en consideración la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del terreno, teniendo en cuenta los valores a efectos de otros impuestos que graven esa misma transmisión o, en su caso, la constitución de un derecho real de goce limitativo de dominio. No obstante, los citados valores no pueden ser objeto de actualización por el tiempo transcurrido ni pueden verse aumentados por los gastos, mejoras u otros conceptos. Además, en el caso de la normativa de Álava, se prevé que, si esos valores no pueden determinarse, puedan utilizarse los valores reales de los terrenos.

Por otro lado, cuando los  valores tomados en consideración no diferencian el valor de la construcción del valor del suelo (recordemos que el IIVTNU únicamente grava el valor de los terrenos), debe tomarse en consideración la proporción existente respecto del valor catastral vigente en el momento del devengo.

En todo caso, aunque se determine que no existe un incremento de valor, este hecho no exime a los sujetos pasivos de la presentación de la declaración correspondiente.

Por el contrario, en el supuesto en el que se acredite la existencia de un incremento de valor, la base imponible, la cuota tributaria y el resto de elementos configuradores del IIVTNU se determinarán siguiendo el método objetivo de cálculo vigente (a grandes rasgos, tomando en consideración el valor catastral y el número de años de titularidad).

Finalmente, ambas normativas contienen un régimen transitorio. Así, respecto de las liquidaciones firmes con anterioridad a la publicación de las sentencias, no se va a realizar rectificación, restitución o devolución. En segundo lugar, las liquidaciones dictadas con posterioridad a esa publicación, aunque se refieran a liquidaciones devengadas con anterioridad, deben elaborarse siguiendo las previsiones de la nueva normativa. Finalmente, existen ciertas diferencias en relación con las liquidaciones anteriores a la publicación y que se hallan recurridas. La normativa de Guipúzcoa prevé que se resuelvan según la nueva normativa los recursos de reposición pendientes y que, en el caso de las reclamaciones económico-administrativas, se remitan los expedientes a los Ayuntamientos para la práctica de una nueva liquidación. En cambio, en la norma de Álava, no se diferencia el tipo de recurso interpuesto, simplemente se considera que las liquidaciones recurridas en vía administrativa deberán remitirse al órgano liquidador para que elabore una nueva liquidación teniendo en cuenta la modificación normativa.

Habrá que estar pendientes de la futura sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la normativa estatal, así como de la eventual reforma legislativa que pueda comportar la misma.
 


Neus Teixidor Martínez
Abogada