miércoles, 27 de julio de 2016

No hay responsabilidad de la Administración sin patrimonialización del aprovechamiento

En la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito urbanístico, de acuerdo con la jurisprudencia y dado que sólo se indemnizan derechos consolidados y no meras expectativas (STS 16-5-2000), para que sea indemnizable la pérdida o reducción del aprovechamiento, es necesario que se haya ya adquirido el derecho al mismo, que se hayan patrimonializado los derechos del propietario, para lo que no basta la simple aprobación del planeamiento (STS 12-5-1987, 19-2-1991, 27-3-1991 y 22-5-1995). En esta línea, la Sentencia de 12 de mayo de 1982 declara que no es bastante un plan para atribuir un derecho ya que el mismo sólo se adquiere cuando el propietario cumple sus deberes y contribuye a hacer físicamente su ejercicio.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2001 recoge la siguiente doctrina:

“esta Sala ha venido insistiendo en la necesidad, para que pueda entenderse procedente el derecho a ser indemnizado por el cambio de planeamiento, de que existan derechos consolidados (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1992 [RJ 3221], recurso número 4729/1990), lo cual ocurre: a) cuando existe un plazo de ejecución del planeamiento modificado no precluido o se ha producido el transcurso de éste sin ejecución del planeamiento por causas imputables a la Administración (sentencias de 1 de febrero de 1982 [RJ  773] y 16 de diciembre de 1985 [RJ  654]); b) cuando el plan parcial se encuentra en la fase final de realización y la modificación afecta a una parte de los propietarios que han cumplido los requisitos o cargas de la anterior ordenación, sin haber obtenido beneficio equivalente y resultar, por ello, discriminados con el resto de los propietarios del sector (sentencias de 29 de septiembre de 1980 [RJ 3463], 30 de junio de 1980 [RJ 3382], 24 de noviembre de 1981 [RJ 5299], 1 de febrero de 1982 [RJ 773], 6 de julio de 1982 [RJ  5345], 20 de septiembre de 1982 [RJ 5467], 28 de marzo de 1983 [RJ 1629], 25 de abril de 1983 [RJ 2275], 14 de junio de 1983 [RJ 3506], 10 de abril de 1985 [RJ 2197], 12 de mayo de 1987 [RJ 5255], 24 de abril de 1992 [RJ 3995] y 26 de enero de 1993 [RJ 451], recurso número 4017/1990); y c) cuando el cambio de calificación del suelo respecto de una finca individualizada comporta que sólo sea factible, por la imposibilidad de integrarla en un polígono en razón al desarrollo urbanístico derivado de la aplicación del plan precedente, realizar el pago de la indemnización pertinente en el momento de ejecución del nuevo planeamiento (sentencia de 20 de mayo de 1986 [RJ 3262])”.

Así, el art. 11.2 TRLS15 nos dice que “La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva [la de la edificabilidad, no la edificación] y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística”.

Abunda en esta cuestión, en relación con la moratoria turística canaria, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2016 (RC 3574/2014, ponente Excmo. Sr. D. Rafael TOLEDANO CANTERO), en su FJ 4ª:

“En efecto, la parte recurrente no tiene en cuenta, al formular su reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, que el nacimiento de la responsabilidad patrimonial se produce, por lo que hace al caso, cuando existe una lesión patrimonial. Esta lesión se extiende a sus " bienes y derechos " (art. 139.1 de la Ley 30/1992), lo que incluye a los aprovechamientos urbanísticos que se hayan patrimonializado, con exclusión, como es natural, de las meras expectativas.

Debemos partir, por tanto, del contenido del derecho de propiedad del suelo que comprende, ex art. 8.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (en adelante, TRLS de 2008), las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien.

De modo que la mera clasificación del suelo como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística añade a tal contenido. Esta patrimonialización se conforma a través del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo que permita llevarlo a cabo, pues únicamente procede indemnizar por el aprovechamiento ya materializado, es decir, cuando el plan ha llegado a la fase final de su realización y se ha participado en el proceso urbanizador a través del cumplimiento de los correspondientes deberes y cargas urbanísticas previsto en el art. 9 del TRLS de 2008.

Por eso hemos declarado en Sentencia de 15 de diciembre de 2010 (Rec. cas. núm. 1336/2009) que « [e]l contenido económico del derecho de propiedad del suelo es el que corresponde a su valor inicial, es decir, al de un terreno no urbanizable, que sólo tiene el aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de su naturaleza. Por ende, las facultades o contenidos urbanísticos artificiales, que no son inherentes a esa naturaleza, sino producto de la concreta ordenación urbanística, como adiciones o añadidos que derivan de la clasificación y calificación prevista en una norma o plan de ordenación, no pasan de ser meras expectativas, que sólo se adquieren, consolidan e ingresan en el patrimonio del propietario mediante la participación de éste en el proceso urbanizador a través del gradual cumplimiento de los deberes urbanísticos que son su contrapartida. Es entonces cuando nace el derecho a su indemnización y a la de los gastos ocasionados para ese cumplimiento que hayan devenido inútiles».

En este sentido hemos declarado, respecto de otra Comunidad Autónoma, que "La planificación del año 1990 imponía un plazo de ejecución que no fue cumplido por la propietaria actora y en este incumplimiento se ubica la raíz de todas las consecuencias ulteriores, incluidas las derivadas del cambio de sistema y del eventual incumplimiento por parte del Municipio de Pollensa de sus deberes urbanísticos como consecuencia del sistema de cooperación adoptado en el año 1999, incumplimiento que, en su caso, de ningún modo podría imputarse en cuanto a su eventual contenido indemnizatorio a la Comunidad Autónoma autora del acto legislativo sobre el que se ha montado la pretensión de responsabilidad patrimonial".

Por no citar, en fin, la propia ineficacia del planeamiento general y el de desarrollo, por su falta de publicación, que hemos abordado en nuestras Sentencias de 19 de enero de 2011 (RJ 2011, 1109), (Rec. cas. núm. 874/2011 [sic]); y de 23 de mayo de 2014 (RJ 2014, 3000), (Rec. cas. núm. 3085/2012).

En el mismo sentido cabe citar la Sentencia de 22 enero 2016 (Rec. cas. núm. 3632/2013) en la que hemos dicho que « [l]a falta de publicación del Plan Parcial aprobado, y que fue posterior al proyecto de urbanización, determina la nulidad de este último al carecer de norma de cobertura, lo que nos conduciría igualmente a la desestimación de este motivo de casación.

En efecto, la falta de publicación de un plan de urbanismo, ya sea planeamiento general o de desarrollo determina que el mismo no podía ser ejecutado, ni cumplido el proyecto de urbanización posterior. Así es, la falta de publicación no acarrea la nulidad del plan no publicado, sino su ineficacia, de modo que las consecuencias derivadas de la omisión de dicho trámite se desenvuelven, por tanto, en la órbita de la ineficacia y no en el plano de la invalidez. Pero cuando, como en este caso, el proyecto de urbanización precede al plan parcial, el mismo adolece de invalidez al no tener la correspondiente cobertura normativa del planeamiento de ejecución.

En definitiva, el proyecto de urbanización incurría en causa de nulidad al carecer del instrumento normativo de cobertura que proporciona el Plan Parcial. Por tanto, que posteriormente se hubieran dictado por el Gobierno de Canarias los Decretos 4/2001, de 12 de enero, y 126/2001, de 28 de mayo , y por la Asamblea legislativa las Leyes 6/2001 y 19/2003, que acordaron suspender la tramitación de los planes parciales y el otorgamiento de licencias, en modo alguno pudieron incidir en la esfera patrimonial de la sociedad demandante, pues, como antes declaramos y ahora insistimos, lo cierto es que no se había patrimonializado el aprovechamiento urbanístico previsto en el Plan Parcial, mediante al cumplimiento de los correspondientes deberes y cargas, que impone en citado artículo 9 del TR de la Ley del Suelo , lo que determina la ausencia de lesión patrimonial indemnizable.


Y si bien es cierto que la falta de publicación no es imputable a la recurrente, lo decisivo en estos casos es que, publicado o no el plan de cobertura, no se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico, pues se cifra el perjuicio, a tenor de lo que alegaba en el escrito de demanda, en la propia suspensión legal del desarrollo urbanístico en su parcela, que primero fue una suspensión provisional y luego definitiva, prescindiendo, por tanto, de la existencia de lesión patrimonial»”. 


Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

lunes, 18 de julio de 2016

El vendedor de un bien inmueble puede, en caso de ausencia de pacto, repercutir la parte proporcional de IBI al comprador

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto periódico, cuyo período impositivo coincide con el año natural y cuyo devengo tiene lugar el día 1 de enero de cada ejercicio (artículo 75 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL).

Por esa razón, tradicionalmente se ha entendido que, en el caso de compraventa, el propietario del bien inmueble a la fecha de devengo del impuesto es el que debía abonar el mismo, pues ostenta la condición de sujeto pasivo frente al Ayuntamiento que exige el pago del citado tributo (artículo 61.1.d) del TRLRHL). Todo ello, sin perjuicio de que las partes pudieran pactar la obligación del comprador de hacerse cargo de la totalidad o parte del citado impuesto en el contrato de compraventa. En este sentido, el artículo 63.2 del TRLRHL considera que las normas relativas al sujeto pasivo lo son “(…) sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común”.

Pues  bien, la reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016 (recurso 2110/2014), en vista de la disparidad de criterios interpretativos del artículo 63.2 del TRLRHL de las distintas Audiencias Provinciales, interpreta que, si bien el sujeto pasivo del IBI es el vendedor por ser el titular del bien inmueble a 1 de enero del año de la venta, éste puede repercutir la parte proporcional del mencionado tributo al comprador.

En el caso analizado por la sentencia, las partes no previeron expresamente el pago del IBI de forma prorrateada, pues la única previsión al respecto era la contenida en la estipulación quinta del contrato de compraventa en la que se establecía que “Serán por cuenta de la parte vendedora todos los arbitrios, tasas, Impuestos, y cualesquiera otros que se deriven de la propiedad, conservación y mantenimiento de las fincas hasta el día de hoy”. Asimismo, la venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.

No obstante, el Tribunal Supremo considera que el artículo 63.2 del TRLRHL permite repercutir la carga tributaria sin necesidad de acuerdo expreso. En consecuencia, el impuesto debe soportarlo el propietario del bien inmueble que lo sea en cada momento y por el tiempo en el que lo sea, salvo pacto expreso de las partes.

En definitiva, el Tribunal Supremo razona que en virtud el citado precepto, “(…) debe entenderse que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad del pacto”. A lo que añade que “(…) limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C. Civil), en virtud de los cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C. Civil)”. Sin embargo, las partes podrán pactar la imposibilidad de repercusión.

Por tanto, la doctrina iniciada por esta sentencia determina que “(…) la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea”.



Neus Teixidor Martínez
Abogada

martes, 12 de julio de 2016

El cambio de uso puede hacer al suelo urbano no consolidado: Derecho autonómico y posible intervención del TS


Un suelo urbano consolidado puede dejar de serlo por el cambio de uso. Ese cambio de uso, de terciario a residencial por ejemplo, puede implicar la exigencia de nuevas obras de urbanización, por lo que el suelo ya no tiene la condición de urbano consolidado. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 (RC 3177/2014) contempla un supuesto en ese sentido, si bien, por tratarse de una cuestión regulada por Derecho autonómico considera inadmisible, en principio la casación.

Así, el Tribunal Constitucional ha indicado en la sentencia 164/2001, de 11 de julio -fundamento jurídico 20-, que "los criterios de distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado los establece -en los límites de la realidad- cada Comunidad Autónoma", lo que se reitera en la STC 54/2002, de 27 de febrero.

De este modo, el Tribunal Supremo dice que “[anterior] Tratándose de una cuestión atinente en principio a la interpretación y aplicación del ordenamiento autonómico, como acabamos de indicar, pudiera parecer inicialmente que no les falta razón en su alegato acerca de la inadmisibilidad del recurso, porque nos está vedado en casación el examen de las disposiciones integrantes de dicho ordenamiento… [siguiente] [Contextualizar] [anterior] De tal manera, se cierra el razonamiento aduciendo que la cita de los preceptos estatales que se estiman infringidos por parte de la sentencia recurrida tiene solo carácter instrumental”.

Ahora bien[siguiente] [Contextualizar] [anterior], con cita de la previa Sentencia de 4 de abril de 2014 (RC 2053/2011), el Alto Tribunal recuerda que procede devolver las actuaciones a la Sala de instancia, [siguiente] [Contextualizar] [anterNo sin antes advertir, sin embargo, acerca de un extremo.[siguiente] [Contextualizar]  [anterior] En el examen que corresponda efectuar al órgano jurisdiccional competente sobre el alcance de las disposiciones autonómicas aplicables no cabe prescindir de la incidencia que sobre las mismas pueda deducirse de las exigencias propias resultantes de la normativa estatal básica, que impone al efecto la necesidad de atenerse a unas pautas por lo demás precisadas por nuestra jurisprudencia. Dicho lo mismo pero en otros términos, tampoco cabe considerar que la legislación autonómica dispone de un margen enteramente libre para determinar el respectivo ámbito del suelo urbano consolidado y del suelo urbano no consolidado, porque no es así, y las determinaciones de la normativa estatal básica terminan proyectándose en último extremo también sobre ello”.

Incluso se llega a indicar que “no resultaría improcedente, dentro de las limitaciones propias de este recurso, que, una vez resuelto el asunto por aquélla, la cuestión pudiera volver a plantearse en casación si llegara a considerarse que los parámetros dispuestos por la normativa básica han podido resultar quebrantados con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones autonómicas que en principio resultan de aplicación (en este mismo sentido, por ejemplo, nuestra STS de 17 de octubre de 2013, RC 3352/2010)”.

Es más, considera que en este caso que los preceptos provenientes de la normativa autonómica que resultan de aplicación han de interpretarse de conformidad a las previsiones establecidas por la normativa estatal básica. Y, justamente, la omisión de la debida toma en consideración de tales previsiones… constituye el reproche principal dirigido a la Sala de instancia, de tal manera que no se trata de hacer valer una invocación meramente instrumental de la normativa estatal, sino que los preceptos antes anotados resultaban relevantes, y a la postre determinantes, con vistas a resolver la controversia suscitada en la instancia”.
 
 
 
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
 

 

martes, 5 de julio de 2016

Los planes supramunicipales y la autonomía local

 
La autonomía local no se opone a la posible aprobación de planes urbanísticos que afecten a varios municipios, en los que la decisión no corresponde al Ayuntamiento, aunque deba participar.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016 (RC 1732/2014) dice lo siguiente en su FJ 5º:

"Como segundo motivo de casación, el recurso plantea también la vulneración por parte de la sentencia impugnada del principio de la autonomía local, con cita de los preceptos correspondientes en que nuestro ordenamiento jurídico vendría a amparar el indicado principio; y ello, en la medida en que, del modo expuesto, la sentencia impugnada legitima las determinaciones de un plan territorial (Plan Territorial Parcial de les Comarques Gironines) que se situaría en contradicción con las previsiones establecidas para la misma zona por el planeamiento municipal en vigor (Normas Subsidiarias de Planeamiento de Riudellots de La Selva).
Tampoco puede tener mejor acogida que el anterior este segundo motivo de casación, sin embargo.
Ha quedado reconocido -incluso por el propio Ayuntamiento recurrente- que en el procedimiento de elaboración del plan impugnado pudieron participar los municipios afectados. Y aunque no deja de indicarse que la participación en el caso del citado ayuntamiento fue testimonial y se redujo a una mera formalidad, no menos cierto es que tampoco se ostenta un derecho a que las alegaciones y sugerencias efectuadas por los distintos ayuntamientos intervinientes deban ser aceptadas sin tacha ni reserva.
La autonomía local se satisface, así, pues, ante todo y en primer lugar, mediante el reconocimiento del derecho a la participación en los términos expresados. Pero, en este caso, preciso es resaltar una segunda circunstancia que permite zanjar la controversia desde la perspectiva que ahora estamos examinando.
Resulta también, en efecto, que la parte recurrente no ha alcanzado a acreditar que las determinaciones del plan territorial cuestionadas en la instancia no se justifican en la necesidad de preservar los intereses supralocales; y es, precisamente, a esa ostensible dimensión supramunicipal de dicho planeamiento, a la que en términos literales se refiere la sentencia dictada en la instancia, a la que la Sala sentenciadora termina por dar prevalencia en la controversia suscitada ante ella, frente a las meras alegaciones ofrecidas de parte en sentido contrario, carentes por lo demás de la debida corroboración probatoria procesal.
El criterio así establecido en la instancia no puede ser ahora rectificado en casación, sin entrar en el terreno de las valoraciones probatorias. Y, aparte de que no se ha esgrimido como motivo de casación una irracional o arbitraria valoración de la prueba, nada se observa por otra parte a la luz de lo actuado que permita alcanzar dicha conclusión.
No queda sino indicar ya que, a propósito de esta misma controversia urbanística -solo que en relación con un distinto instrumento de ordenación (Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Girona)-, tuvimos ocasión de pronunciarnos recientemente en nuestra Sentencia de 8 de marzo de 2016 (RC 1821/2014 ; Sentencia 533/2016 ), en que asimismo vino a suscitarse en casación la cuestión atinente a la vulneración de la autonomía local. Por unas razones que a la postre resultan extrapolables también vinimos a la sazón a rechazar el recurso igualmente fundado sobre el indicado motivo.

Así, pues, por virtud de cuanto antecede, tampoco puede prosperar el motivo de casación examinado en este fundamento".

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

viernes, 1 de julio de 2016

La retasación por recalificación: naturaleza y sentido del silencio

A tenor del art. 47.2 TRLS de 2015, antiguo art. 34.2 b) TRLS de 2008, "En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización:
(...)
b) Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que no se efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, y ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiación.

El nuevo valor se determinará mediante la aplicación de los mismos criterios de valoración a los nuevos usos y edificabilidades. Corresponderá al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el justiprecio".

Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de  20 de junio de 2016 (RC 621/2015) resuelve dos aspectos importantes de esta figura, frente a la retasación ordinaria, por demora en el pago del justiprecio, del art. 58 LEF:

1º.-. Esta retasación solo se aplica a las expropiaciones urbanísticas: “Con acierto advierte el Tribunal de instancia, para cuestionar la aplicación al caso de la previsión del artículo 34.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 , que el ámbito material en que pueden tener lugar las eventualidades previstas en el precepto es el urbanístico”, quedando excluidas, en particular, las expropiaciones motivadas por Planes Directores de aeropuertos.

2º.- El silencio es negativo pues “Aunque … utiliza el término retasación … no se está refiriendo al concepto jurisprudencial precedentemente expuesto en aplicación del artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa… no se requiere la incoación de un nuevo expediente … A diferencia del supuesto del artículo 58, en el que salvo la cualidad física del bien expropiación todas las demás varían a efectos valorativos, en el del artículo 34.2.b) los criterios valorativos a considerar son los mismos, y así expresamente lo dice el precepto, que los aplicados para la expropiación”

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado